LOS IMPOLUTOS


-Tráfico de Influencias-
Artículo 428 El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a un año, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años. Si obtuviere el beneficio perseguido se impondrán las penas en su mitad superior.

Artículo 429 El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar, directa o indirectamente, un beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año, y multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido. Si obtuviere el beneficio perseguido se impondrán las penas en su mitad superior.

Artículo 430 Los que, ofreciéndose a realizar las conductas descritas en los artículos anteriores, solicitaren de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración, o aceptaren ofrecimiento o promesa, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año. En cualquiera de los supuestos a que se refiere este artículo, la autoridad judicial podrá imponer también la suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, organización o despacho y la clausura de sus dependencias abiertas al público por tiempo de seis meses a tres años.

Artículo 431 En todos los casos previstos en este capítulo y en el anterior, las dádivas, presentes o regalos caerán en decomiso.

Por lo que respecta a los elementos subjetivos, sólo cabe la comisión dolosa, tanto porque no se castiga la comisión imprudente, como por elhecho de que el propio texto emplea para referirse a la conducta del sujeto activo el término «influyere», influencia que se ejerce aprovechando la situación de «prevalimiento» del cargo o de cualquier otra situación derivada de la relación personal o jerárquica para conseguir una finalidad específica: una resolución que le pueda generar directamente o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero.

Por resolución debemos entender un acto administrativo o una decisión judicial, siendo indiferente la forma que pudiera adoptar la misma (oral, escrita) sin embargo y a diferencia de lo que ocurre en otros delitos en los que se recogen los términos «resolución arbitraria» o «resolución injusta», aquí el término «resolución» aparece despojado de calificativos, lo que ha dado lugar a que parte de la doctrina opte por entender que carece de relevancia el carácter regular, irregular o incluso delictivo de la resolución que propicia o puede propiciar el beneficio económico, no faltando autores que postulan, por el contrario, que dicha resolución ha de ser injusta aunque el texto no diga nada.

En lo concerniente al grado de ejecución, el Código Penal de 1995 ha adelantado el momento de la consumación, con arreglo al anterior Código Penal de 1983 se requería la obtención de la resolución para que el delito apareciese consumado, actualmente no es preciso que se llegue a dictar la resolución ni que se obtenga el beneficio económico, consumándose el delito en el momento en que se ejerza la «influencia». En este sentido, la obtención del beneficio perseguido da lugar al agotamiento del delito, constituyendo un subtipo agravado que se castiga con las penas previstas en su mitad superior.

Artículo 429: Todo lo anteriormente dicho es reproducible aquí ya que la conducta típica recogida en este artículo coincide con la castigada en el anterior, la única diferencia proviene de la cualidad del sujeto activo, si en el artículo 428 había de ser necesariamente autoridad o funcionario público, aquí necesariamente ha de ser un particular, ello da lugar a las dos únicas diferencias entre ambos tipos:

1.ª Dada la inexistencia de relación jerárquica o de cargo entre el sujeto activo y pasivo, el particular sólo podrá prevalerse de su relación personal con la autoridad o funcionario público para la comisión del delito.

2.ª Se castiga al particular con pena de prisión y multa pero no con la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, que sí aparece prevista para la autoridad o funcionario público en el artículo 428 del Código Penal.

Por último, tanto el artículo 428 como el artículo 429 emplean como verbo nuclear típico «influir», entendido por el Tribunal Supremo como «sugestión, inclinación, instigación que una persona lleva a cabo sobre otra para alterar el proceso motivador de ésta, que necesariamente ha de ser autoridad o funcionario público, atacando a su libertad de adoptar en el ejercicio de su cargo una decisión, al introducir en su motivaciónelementos ajenos a los intereses públicos, que debieran ser los únicos elementos a tener en cuenta antes de adoptar dicha decisión».

Artículo 430: Se castigan aquí los actos preparatorios de los delitos tipificados en los dos artículos anteriores, consistiendo la conducta en ofrecerse a realizar los mismos, ya sea solicitando de tercero dádiva, presente o cualquier otra remuneración o bien aceptado ofrecimiento opromesa. Recogiéndose también en este artículo la posibilidad de acordar la suspensión de las actividades y la clausura de las dependencias abiertas al público respecto a aquellas sociedades, organizaciones o despachos que se dediquen al tráfico de influencias. Por lo que respecta a esta última previsión parece que no es necesario que la sociedad o empresa se dedique en exclusiva a la realización de estas conductas y tampoco bastaría para integrar el supuesto con que ocasionalmente un empleado o un abogado de un despacho haya ocasionalmente realizado la conducta descrita en un párrafo 1 de este artículo 430.

Sujeto activo de este delito puede ser cualquiera, autoridad o funcionario público o bien un particular, en cuanto a la consumación, ésta se produce por el mero ofrecimiento.

Este precepto en realidad trasluce la preocupación del legislador por la posible existencia de despachos profesionales y entes corporativos dedicados a la práctica del tráfico de influencias pero es objeto de críticas por parte de la doctrina, destacando al respecto, la dificultad de probar las conductas que en él se castigan así como la duda acerca de cuál es el bien jurídico protegido, ya que al no exigir el tipo que la influencia llegue a ejercerse, parece que lo que se protege es el buen nombre y prestigio de la Administración, concepto, a juicio de la doctrina, demasiado amplio para ser objeto de protección penal.

Artículo 431: «En todos los casos previstos en este capítulo y en el anterior, las dádivas, presentes o regalos caerán en decomiso».

El nuevo Código Penal de 1995 extiende con este artículo y para el tráfico de influencias, la regla que en el anterior Código Penal de 1983 sólo aparecería recogida para los delitos de cohecho. Solamente podrán ser decomisados las dádivas, presentes o regalos que hayan sido efectivamente entregados y no aquéllos que sólo se hubiesen ofrecido, además este artículo, en el ámbito de este Capítulo VI, sólo juega respecto al delito contemplado en el artículo 430, ya que los artículos 428 y 429 no recogen la posible existencia de dádivas o presentes.

Supone en definitiva, este precepto, un reforzamiento de la regla general del decomiso que aparece contemplada en el artículo 127 del Código Penal, disponiendo este último además cuál será la finalidad o destino de los bienes o efectos decomisados (V. delitos contra la administración pública).

Cohecho

El cohecho (coloquialmente “coima” o “soborno”) es un delito que consiste en que una autoridad o funcionario público acepta o solicita una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto.
El cohecho es simple si el funcionario público acepta una remuneración para cumplir con un acto debido por su función o calificado si recibe una dádiva para obstaculizar el cumplimiento de un acto o no llevarlo a cabo, ya sea dicho acto constitutivo o no de delito.
Por ejemplo, un automovilista puede sobornar a un oficial de la policía para no extenderle un parte por exceso de velocidad, un ciudadano que realiza trámites puede sobornar a un empleado público por un servicio más rápido, una compañía constructora puede sobornar a un funcionario para conceder un contrato, etc.
La persona que ofrece la dádiva o que acepta el pedido de ella comete el delito de cohecho pasivo.
En este delito se considera que el bien tutelado es la administración pública.

PREVARICACIÓN
1. f. Delito que cometen los funcionarios públicos al faltar,a sabiendas o por ignorancia inexcusable,a las obligaciones y deberes de su cargo.
Prevaricación Administrativa
Del latin “ad-ministrare”, que significa servir al pueblo o ciudadano
El delito de prevaricación administrativa cometido por funcionario público (administración como un ministerio, policía municipales, funcionarios y/o empleados de los ayuntamientos, comunidades, consejales, alcaldes, etc.) en su cargo, tipificado en el artículo 404 del Código Penal, se caracteriza por ser un delito de naturaleza especial propia, puesto que el sujeto activo ha de ser un funcionario público, con la amplitud que a este concepto, en el que se incluye el de autoridad, atribuye en los artículos del citado Código, al comprender en él a toda persona que participe del ejercicio de funciones públicas, bien por disposición inmediata de la ley, bien por elección o nombramiento de la autoridad competente.
Resolución contraria a Derecho: El funcionario o autoridad debe haber dictado una resolución que se repute contraria a derecho, bien porque se haya dictado sin tener la competencia legalmente exigida, bien porque no se hayan respetado las normas esenciales de procedimiento administrativo, bien porque el fondo de la misma contravenga lo dispuesto en la legislación vigente o suponga una desviación de poder.
Es decir la prevaricación administrativa es un delito que consiste en que una autoridad u otro funcionario público en su cargo dicten una ordenanza, advertencia, orden o decisión arbitraria en un asunto administrativo, a sabiendas que dicha resolución es injusta. Dicha actuación también es una manifestación de un abuso de autoridad. Está sancionada por el Derecho penal y disciplinaria, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración.
En cualquier caso, una de las bases del Estado de Derecho – como se llama España – es, precisamente, la confianza en la imparcialidad administrativa, que puede verse en la obligación de condenar a uno o varios funcionarios, por elevado que sea su rango.
El abuso de poder o autoridad es la principal fuente de la maldad moral y de la corrupción moral. Entendemos al abuso de autoridad como todo acto del funcionario que se excede en sus atribuciones o facultades respecto a particulares o casos públicos.
1. CONFIGURACIÓN LEGAL
En el artículo 446 del vigente Código, se castiga al juez o Magistrado que a sabiendas dictare sentencia o resolución injusta contra el reo, y castigando con distintas penas según que fuese en causa criminal por delito o en proceso por falta, o se hubiese o no ejecutado, y castigando finalmente con pena inferior al que dictare cualquier otra sentencia o resolución injusta.
En los artículos siguientes se contempla la comisión culposa, y la negativa a juzgar, y el retardo malicioso en la Administración de justicia.
El delito de prevaricación judicial es un delito de mera actividad, que se consuma al tiempo de dictar la sentencia o resolución injusta.

Sólo puede ser cometido por jueces, entendiendo por tales, tanto los titulares de órganos unipersonales como colegiados, pertenecientes a la carrera judicial, y los que sólo transitoriamente ejercen funciones judiciales (de provisión temporal, sustitutos, suplentes), así como por los Jueces de Paz.
El sujeto pasivo, es la colectividad, puesto que el bien jurídico protegido por el tipo penal, es el buen funcionamiento de la administración de justicia, lo que no es obstáculo para que tenga la consideración deperjudicado el destinatario de la resolución judicial injusta.
La decisión judicial puede revestir la fórmula de sentencia, de auto o de providencia, ya que el nuevo código penal emplea la expresión “sentencia o resolución injusta”, a diferencia del anterior que sólo mencionaba la “resolución definitiva injusta” cuando en el artículo 354 se refería a “asunto no criminal”. Por lo tanto, la prevaricación también puede cometerse por medio de providencia, cuando se utilice esta forma de resolución para adoptar la decisión injusta. Pero sólo puede cometerse en resoluciones, ya que sólo en ellas se aplica el derecho (Auto T.S. 1/6/96).

Son ELEMENTOS del delito de prevaricación:
A) Injusticia de la resolución: la sentencia o resolución, ha de ser injusta. Y en la injusticia de la resolución, está el núcleo de la prevaricación judicial, el elemento básico del tipo objetivo de la prevaricación, en el código vigente y en el derogado. Por ello, el concepto de injusticia de la resolución, ha sido cuidadosamente precisado y delimitado por la Jurisprudencia.
La sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 1.998, tras hacer constar que “es la naturaleza injusta de la resolución lo que plantea mayores problemas”, aclara que “la injusticia puede provenir de la absoluta falta de competencia por parte del sujeto activo, por la inobservancia de esenciales normas de procedimiento, o por el propio contenido de la resolución, de modo tal que suponga un “torcimiento del derecho”, o una contradicción con el ordenamiento jurídico, tan patente y manifiesta, que pueda ser apreciada por cualquiera, dejándose de lado, obviamente, la mera ilegalidad producto de una interpretación errónea, equivocada o discutible, que ocurre en tantas ocasiones en el mundo jurídico. Para definir el carácter injusto de la resolución se impone la perspectiva objetiva, conforme a la cual no habrá resolución injusta, cuando ésta se acomode a la legalidad, o cuando siendo ilegal se encuentre justíficada por error o equivocación en la interpretación de la norma. Es necesario que la ilegalidad sea tan grosera y evidente que revele por sí, la injusticia, el abuso y el plus de antijuricidad (Ponente: Moner Muñoz). (En el mismo sentido sentencias de 23, 27 de enero y de 3 de febrero de 1.998 y de 27 de mayo de 1.994).

La sentencia de 26 de junio de 1.996, declara: “Los diferentes delitos de prevaricación exigen como elemento objetivo la absoluta notoriedad de la injusticia, faltando tal elemento cuando se trata de apreciaciones que en uno u otro grado son discutibles en derecho. Sólo cabe prevaricación, cualquiera que sea su clase -judicial o administrativa- o su modalidad de comisión -dolosa o culposa- cuando de modo claro y evidente, sin posibilidad de duda alguna al respecto, la resolución de que se trate carece de toda explicación razonable, es decir, es a todas luces contraria a derecho… pudiendo referirse tal ilegalidad así cualificada, tanto a aspectos de procedimiento como materiales, ya se trate de cuestiones de calificación jurídica, ya de problemas de hecho o de apreciación de la prueba. Y así, esta Sala viene utilizando con frecuencia los términos de “patente, notoria e incuestionable contradicción con el ordenamiento jurídico”, “tan patente y grosera que pueda ser apreciada por cualquiera”… “se reserva el Derecho Penal para aquellos casos de tan flagrante ilegalidad que quede de manifiesto la irracionalidad de la resolución de que se trate, conforme al principio de intervención mínima” -sentencias de esta Sala de 20-2, 10-7, 6-10, y 14-11 todas de 1.995-“.
Y en Auto de 1 de junio de 1.996: “el quebrantamiento prevaricante del derecho sólo es de estimar cuando el juez haya superado los límites del ámbito de ponderación que la ley le acuerda o cuando en el ejercicio de sus poderes se haya motivado por consideraciones espurias y no técnicas”.
“La injusticia de la resolución se produce cuando suponga un ataque a la legalidad, una contradicción con el ordenamiento jurídico” (Auto TS 13-5-96, y sentencias 3, 20 y 26 febrero de 1.992).
“Es absolutamente cierto que la nota de la injusticia de la resolución, a los efectos penales, ha de predicarse sólo de aquellas infracciones que de un modo flagrante y clamoroso desbordan la legalidad vigente, adentrándose en la esfera de la licitud penal, es decir, ha de ser una decisión que se separe del Ordenamiento jurídico de una manera palmaria y evidente, de tal modo que se convierta en manifiestamente injusta (sentencia de 16 de mayo de 1.992). Desviación que otra sentencia de 10 de mayo de 1.993, califica de grosera, clara y evidente para que pueda considerarse manifiestamente injusta” (sentencia del TS de 24 de junio de 1.994. Ponente: Ruiz Vadillo).
Ha diferenciado asimismo la jurisprudencia la resolución injusta de la resolución improcedente o errónea,frente a la que el denunciante ha de defenderse ejercitando los correspondientes recursos; habiendo declarado el TS., en Auto de 9-10-95, que “es doctrina reiterada de esta Sala que la disconformidad con una resolución judicial, no permite construir, sin más, la base de un procedimiento penal. El desacuerdo, si existe, debe ser combatido a través de los correspondientes recursos, salvo circunstancias especiales de tipificación penal del comportamiento de los magistrados…”.
“No basta una mera ilegalidad que pudiera entenderse más o menos justificable con algún modo razonable de interpretar los hechos o la norma jurídica, que tiene sus posibilidades de corrección en el ámbito de los recursos propios del caso” (Sentencia del TS de 26 de junio de 1.996).
“Entre el elemento resolución injusta del delito de prevaricación y la simple incorrección interpretativa que pueda fundamentar la revocación de una decisión administrativa, existe una diferencia sustancial, reiteradamente señalada por la jurisprudencia de esta Sala” (Auto del TS de 1 de junio de 1.996).
“Ha de ser una decisión que se separe del Ordenamiento Jurídico de una manera palmaria y evidente, de tal modo que se convierta en manifiestamente injusta” (Sentencia TS de 16 de mayo de 1.992), “porque en otro caso, todas las decisiones que fueran declaradas después sin efecto en virtud de los correspondientes recursos de una u otra naturaleza, darían lugar a un delito, y esto no es lo que quiere el legislador penal”(Sentencia TS de 24 de junio de 1.994).
Y destaca especialmente la jurisprudencia del TS y de los TSJ, que el proceso penal no es el adecuado para revisar un proceso civil. Así lo pone de manifiesto el Auto del TSJ de Madrid de 9 de diciembre de 1.992, añadiendo que no puede pretenderse mediante la interposición de una querella contra el órgano jurisdiccional que ha dictado una sentencia en contra, que otro órgano jurisdiccional, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior, revise la sentencia para que determine si es injusta. Y en el mismo sentido el TSJ de Canarias, en Auto de 7 de mayo de 1.991, con referencia a la jurisdicción Contencioso Administrativa, declara que utilizar la vía penal para el conocimiento de una presunta irregularidad administrativa, por otra no prevista en la Ley, constituye una conducta contraria al ordenamiento jurídico, y concretamente, al principio de legalidad proclamado en el artículo 25 de la Constitución Española”.
Finalmente el Auto del TSJ de Madrid de 3 de junio de 1.998, pone de manifiesto que “La Sala de lo Civil y Penal sólo examina el contenido de la resolución, adoptada desde una perspectiva estrictamente penal, sin entrar a razonar sobre criterios hermenéuticos de derecho civil o procesal, que corresponderán a una Sala de apelación”.
En conclusión, los diferentes delitos de prevaricación exigen como elemento objetivo, y así lo declara expresamente la Sentencia del TS de 26 dejunio de 1.996, “la absoluta notoriedad en la injusticia, faltando tal elemento cuando se trata de apreciaciones que en uno u otro grado son discutibles de derecho”, o como dice el Auto del TSJ de Madrid de 3 de junio de 1.998, “que estemos ante una resolución que se encuentre patente, notoria e incuestionable con el ordenamiento jurídico”.

B) Además del elemento objetivo de la injusticia de la resolución, el artículo 446 del código penal exige la concurrencia de un elemento subjetivo: el que la resolución injusta sea dictada a sabiendas, lo que implica no sólo la necesidad del dolo, sino que sirve para excluir además de la posibilidad de incriminación culposa, su comisión a título de dolo eventual (Sentencia TS 26 dejunio de 1.996, ponente: Delgado García Asunto Pascual Estevill). “La exigencia de que el Juez actúa a sabiendas, es estimada por la mayoría de la doctrina científica como indicativa de que no se trata tan sólo de un delito doloso, sino que precisa su realización con dolo directo, equivaliendo a… la conciencia e intención deliberada de faltar a la justicia… con malicia y verdadera conciencia de su injusticia, porque el mero error en la aplicación de la Ley no integra este delito… O sea, es preciso que el sujeto sepa y le conste que la resolución que dicta es injusta por contraria a la Ley, y que a pesar de ello se dicte conscientemente. Además la injusticia ha de ser clara, patente y manifiesta… “El precepto exige en consecuencia, como declara el TSJ de Madrid en Auto de 3 de noviembre de 1.990, que la conducta típica sea realizada con dolo directo, que tiene que ser probado. Habiendo declarado el Tribunal Supremo que “debe existir plena conciencia del carácter injusto de la resolución” (Sentencias de 24 de junio de 1.998, 4 de julio 1.996 y 20 de noviembre de 1.995 y Auto TS de 16-junio-98, en que se condensa la posición de la Sala en la materia); o “una clara conciencia de la ilegalidad y arbitrariedad” (Sentencia de 26 de febrero de 1.992).

A efectos de PENALIDAD, el código penal distingue cuatro modalidades:
Sentencia injusta contra el reo en causa criminal por delito y se ha ejecutado.
Sentencia injusta contra el reo en causa criminal por delito que no se hubiese ejecutado.
Sentencia injusta contra el reo dictada en proceso de falta.
Cualquier otra sentencia o resolución injusta. en este último supuesto se comprenden las sentencias o resoluciones dictadas en procesos distintos de los penales, o en estos favorables al reo.
Especiales problemas puede plantear la PARTICIPACIÓN de extraños al Juez o Magistrado prevaricador:
Es claro que la autoría del párrafo 1º del artículo 28 (“son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento”), sólo puede venir referida al Juez, puesto que quien dicta la resolución ha de tener necesariamente tal carácter, pero la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido admitiendo que los particulares no jueces puedan participar en la prevaricación judicial como inductores o cooperadores necesarios, puesto que repugna a la justicia material y a la propia conciencia social la impunidad de la participación del extraño o “extraneus”, habiendo estimado el TS que aquellos que inclinan decisivamente a dictar una resolución injusta, inducen a prevaricar y son autores del correspondiente delito a través del nº 2 del artículo 14 del antiguo código o apartado a) del artículo 28 del vigente, y quienes prestan su indispensable colaboración a la realización del delito, también lo cometen a través del nº 3 o del apartado b) de los citados artículos, si bien en sentencia de 24 de junio de 1.994 se les aplicó una atenuante analógica en razón del principio de la proporcionalidad.

2. OTRAS MODALIDADES
a) En el artículo 477 del Código Penal (“El juez, o Magistrado que por imprudencia grave o ignorancia inexcusable dictara sentencia o resolución manifiestamente injusta, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años”), se contempla una modalidad de comisión culposa de la prevaricación judicial, exigiendo que la imprudencia sea grave y la ignorancia inexcusable. Esta gravedad ha de radicar en el comportamiento del juez, que ha de suponer un manifiesto y absoluto desconocimiento del ordenamiento jurídico, de manera que la errónea aplicación del mismo no pueda verse amparada en las posibilidades de interpretación de la norma.
Como se pone de manifiesto por el Auto del TSJ de Madrid de 11 de febrero de 1.998, “la doctrina jurisprudencial diferencia la ignorancia inexcusable y la imprudencia grave del mero error interpretativo o aplicatorio de las leyes. De los hechos relatados no se deduce una actuación tan patentemente contraria a la Ley, que ponga de relieve un absoluto desconocimiento de la misma, excluyendo toda razonable interpretación, como exige el Tribunal Supremo, para aplicar este precepto. La sentencia del Tribunal Supremo 2635/93 de 23 de noviembre, requiere asimismo para la aplicación de la tipificación imprudente, no sólo que la resolución sea manifiestamente injusta, sino que la negligencia o ignorancia sea inexcusable, lo que a que únicamente sea admisible la imprudencia temeraria, quedando fuera cualquier otra imprudencia.
La sentencia del TSJ de Cataluña de 22 de noviembre de 1.997 (en la que se condena por delito de prevaricación culposa del artículo 477 del Código Penal, a un juez de Instrucción que puso en libertad a un súbdito extranjero, fugado de España y devuelto por la policía francesa, presunto autor de un homicidio, sin convocar la audiencia prevenida en el artículo 504 bis de la LE Crim.) insiste en que la resolución ha de ser “manifiestamente injusta, de manera que desborde los límites de la antijuridicidad formal para adentrarse en los terrenos de la contradicción insalvable con los parámetros de legalidad que han de exigirse a un Juez” “y la resolución patente y notoriamente injusta ha de provenir de una grave imprudencia del mismo o de una ignorancia inexcusable”.
En el artículo 448 se configura una modalidad de prevaricación consistente en la negativa a juzgar. Se estima por la doctrina de comisión activa que requiere por lo tanto la actuación positiva del juez en la que exteriorice la negativa a juzgar y lo haga invocando precisamente alguno de los motivos mencionados por el legislador, puesto que el precepto legal exige que la negativa a juzgar se produzca “so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley”, en otro caso la conducta quedaría subsumida en el supuesto previsto en el artículo 449 que veremos a continuación.

C) Retardo malicioso en la administración de justicia castigado en el mencionado artículo 499 del Código Penal. El retardo ha de ser malicioso, que el propio legislador define como el “provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima”. La finalidad del retardo sirve así para distinguir el ilícito penal de la mera responsabilidad disciplinaria.

http://noticias.juridicas.com/articulos/65-Derecho%20Procesal%20Penal/199907-afv05_01.html

http://tormentahild.blogspot.com.es/2012/10/los-impolutos.html

la injusticia aveces cobra caracter de Ley a fuerza de repetirse

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About hilde2008

Pintora Autodidacta Siempre he experimentado la vida como una sucesión de etapas existencialistas no exentas de sus inherentes crisis, y me ha dado curiosidad indagar en todos los ámbitos de la experiencia humana para comprenderme mas a mi misma y a los demás. Cualquier experiencia negativa me llevó a esta búsqueda aunque siempre supe que dichas experiencias las estaba creando yo, la mayoria de las veces, porque " el lado oscuro " era demasiado enigmático y deseaba investigarlo, el inconsciente rige a su manera. Por otro lado..: No soy una Maestra señor Maestro... No soy un ser hiperevolucionado, esas cosas tienen el riesgo de que uno acabe sufriendo por poseer un ego inflaccionado. Sigo mi ruta intentando no desconectarme demasiado y este era y ha sido siempre mi propósito desde que recuerdo...Lo que hoy defenderia y lo que hoy rechazaria es lo mismo que cuando tenía 15 años pero entonces la oposición a cualquier manifestación crítica e innata contra la inercia establecida del absurdo no tenía voz ni nombre en plena transición, y menos en una mujer..mucho menos en una niña. Lo siento por los Sacerdotes de la Panacea Eterna, siempre he caminado en solitario y si alguien me acompaña lo doy por bien venido pero es dificil que vaya a gustarle a todo el mundo y ni lo pretendo..Si alguien se siente molesto ..." al que le pica es que ajos mastica "...Mejor que haga como Aznar : ignorar al menos aparentemente.. Me inspira todo el mundo y todos somos copartícipes de todo. En este blog hay mayoritariamente enlaces que me he atrevido a publicar, si alguien se siente molesto no tiene mas que decirlo y lo borraré. Dichos enlaces y referencias de y a los mismos no implican que yo " comulgue " al 100% con todo lo que se expone, algunos plenamente y otros son simples noticias que me parecen de interés. A veces creo mas en los silencios que en las palabras así, quien me conoce, sabe lo subliminal que se puede esconder de mi propia " persona "( persona viene del griego y..) tras todo ello. No estoy afiliada a ningún partido político ni me identifico totalmente con alguno en concreto, no pertenezco a ninguna secta minoritaria ni mayoritaria como las múltiples iglesias porque Iglesia somos todos como hacienda somos todos aunque tal vez no equitativamente... Por ello gracias a todos los que de una forma u otra hacen posible la libre expresión.
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